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En buena parte, la razón se vincula con otra maniobra del Gobierno –vil, por cierto– para llevar agua para su molino a costa de la limitación de un derecho fundamental, como es el voto.

Los más de 385.000 argentinos que residen fuera del país no podrán votar en las PASO. Sí estarán habilitados a votar en las elecciones generales del 14 de noviembre, pero con la condición de que tengan un domicilio en el extranjero desde antes del 27 de abril pasado, al tiempo que solo podrán sufragar en forma presencial en el consulado argentino correspondiente al país donde residan.

A pesar de haberse vanagloriado de que su gobierno amplió derechos, Alberto Fernández derogó una norma que habilitaba el voto por correo de los ciudadanos argentinos que residen en el exterior. Esta limitación hará que muchas personas en condiciones de votar en el exterior en las elecciones generales no puedan hacerlo por encontrarse lejos de la sede consular.

La posibilidad de que esos argentinos votaran por correspondencia había sido autorizada por un decreto del gobierno de Mauricio Macri. Tal medida permitió que el número de votantes en el exterior se triplicara entre los comicios de 2017 y los de 2019.

Si bien este decreto fue objetado ante la Justicia, el gobierno actual no esperó que hubiera una sentencia definitiva y optó por derogarlo, coartando el ejercicio del derecho al voto en lugar de facilitarlo.

Elecciones tras las rejas: así votan los presos en las PASO

Por el contrario, los ciudadanos procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que estén detenidos, según lo determinan las leyes electorales.

A tal fin, la Cámara Nacional Electoral debe confeccionar un registro de electores privados de libertad, con los datos de los procesados que se hallen alojados en establecimientos penales, además de habilitar mesas de votación en cada uno de los lugares de detención y designar a sus autoridades.

Más aún, aquellos procesados que se encuentren en un distrito electoral distinto del que les corresponda podrán votar donde se hallen alojados y sus votos se adjudicarán al distrito en el que estén empadronados.

De este modo, unas 62.000 personas privadas de su libertad estarían en condiciones de sufragar este domingo. Podrán hacer uso de un derecho y de facilidades para ejercerlo que no tendrán los ciudadanos argentinos que residen en el exterior del país y que se verá limitado en las elecciones generales de noviembre por la absurda decisión de un gobierno que, como dijimos, se jacta de su supuesta vocación por “la ampliación de derechos”, pero no deja de exhibir flagrantes contradicciones entre lo que dice y lo que hace, al extremo de recurrir a una suerte de voto calificado en función de sus mezquinos intereses.-

Artículo publicado en La Nación

Cultura

Infocom adhiere al manifiesto de inconstitucionalidad de la ley que somete a los medios a usar el «lenguaje inclusivo»

La ley sobre “equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina”, sancionada días atrás por la Cámara de Diputados de la Nación, confirma el peligroso camino que se transita con demasías que terminan por afectar la libertad de prensa.

28 JUN – Al menos en Diputados, la iniciativa se encontró con la fuerte oposición de los legisladores de Juntos por el Cambio. En el Senado, en cambio, la propuesta originada en un proyecto de la senadora Norma Durango (Frente para la Victoria-La Pampa) había pasado inexplicablemente sin observaciones.

Ahora resulta que los medios privados de comunicación audiovisual deberán anotarse en un registro desde el que se evaluará su comportamiento en materia de igualdad de géneros para acceder, según criterios del Congreso, a pautas de publicidad oficial. En otra oportunidad podrá analizarse a la luz de lo que pesa el costo y la ineficiencia de una burocracia de por sí absurdamente abultada, queaquel registro dependiente de un nuevo organismo por crearse. Otro más.

En función de los resultados comparativos que obtienen las autoridades, el Estado distribuirá la publicidad oficial según “méritos” alcanzados por los medios en el acatamiento de los preceptos de la ley sancionada. En la serie de indicios que gravitarán para la mensura del comportamiento periodístico en la materia, contará en qué medida promueve lo que se conoce como “lenguaje inclusivo”.

Nos hemos ocupado del debate abierto en ese punto por organizaciones dispuestas a remover cuantas convenciones culturales –sociales, morales– aseguran la convivencia armoniosa entre tradiciones y progreso. Los elementos más facciosos del oficialismo se hallan tan hermanados con aquella tendencia como con los regímenes autócratas y sanguinarios de Venezuela y Nicaragua. Hemos tomado posiciones, desde luego, en favor del sano criterio y contra los delirios lingüísticos denunciados por grandes escritos y las academias que velan por la unidad de la lengua en los veintidós países mancomunados por ella.

En la académica que se remonta a Felipe V, que fundó la RAE en 1713, la lengua es una lenta, gradual y sostenida gestación popular en el tiempo de las sociedades que la hablan. Los académicos no crean nada; se limitan a legitimar las voces en uso y velan por la lógica estructural de la lengua. Es decir, son custodios de la lozanía del principal elemento cultural de vinculación entre hombres y pueblos; desproveyéndola de unidad y cohesión, provocaríamos que se devalúe su valor estratégico.

De modo que en ese aspecto la ley es inconstitucional por atentar contra lo más sagrado del patrimonio cultural de nuestra sociedad, e inconstitucional también, por afectar la libertad de expresión y de prensa, al abrir las puertas a la discriminación contra los medios reticentes a que se escriba y se hable según caprichos de funcionarios públicos.

Por eso fue oportuna la pregunta de una legisladora de la oposición cuando indagó si en el proyecto finalmente sancionado se promovía una acción afirmativa en favor de la mujer o se incluye de contrabando una regulación de las pautas publicitarias en relación con medios independientes. Los voceros del oficialismo procuran atenuar las críticas a la ley al amparo de un ardid: el régimen de preferencias sancionado para contar con publicidad oficial exige el cumplimiento de cuatro condiciones referidas a igualdad de géneros, entre un número mayor de condiciones sobre el que se despacha el texto.

Aquí juega una cuestión de principios, fundada en que los legisladores establecidos han un sistema de preferencias según se cumpla con normas referidas a un asunto que, como el de la equidad de género, nadie discute. El problema es que mañana podrá estipularse preferencias especiales, fundándolas en pretensiones tanto o más inadmisibles que las de esta ley.

Estamos contra la imposición del “lenguaje inclusivo” que destruye la lengua de Cervantes y de Borges. Y estamos a la espera, sin demasiadas esperanzas, es verdad, de que el Presidente vete lo que la ley tiene de gravemente objetable –su artículo 8–, en colisión con los artículos 14 y 32 de la Constitución nacional, y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así lo señala un documento de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), compartido con la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas , la Asociación de Radios Privadas y la Asociación de Diarios del Interior que se ha hecho circular entre legisladores y funcionarios. Lo compartimos en un todo.

@infocom.ar, a través de La Nación

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