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Opinión

El gobierno permite el voto de los presos pero no el de los argentinos en el exterior

Mientras muchos de los detenidos en cárceles podrán votar en las elecciones de este domingo y en las de noviembre, un importante número de argentinos residentes en el exterior del país estarán imposibilitados de hacerlo.

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En buena parte, la razón se vincula con otra maniobra del Gobierno –vil, por cierto– para llevar agua para su molino a costa de la limitación de un derecho fundamental, como es el voto.

Los más de 385.000 argentinos que residen fuera del país no podrán votar en las PASO. Sí estarán habilitados a votar en las elecciones generales del 14 de noviembre, pero con la condición de que tengan un domicilio en el extranjero desde antes del 27 de abril pasado, al tiempo que solo podrán sufragar en forma presencial en el consulado argentino correspondiente al país donde residan.

A pesar de haberse vanagloriado de que su gobierno amplió derechos, Alberto Fernández derogó una norma que habilitaba el voto por correo de los ciudadanos argentinos que residen en el exterior. Esta limitación hará que muchas personas en condiciones de votar en el exterior en las elecciones generales no puedan hacerlo por encontrarse lejos de la sede consular.

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La posibilidad de que esos argentinos votaran por correspondencia había sido autorizada por un decreto del gobierno de Mauricio Macri. Tal medida permitió que el número de votantes en el exterior se triplicara entre los comicios de 2017 y los de 2019.

Si bien este decreto fue objetado ante la Justicia, el gobierno actual no esperó que hubiera una sentencia definitiva y optó por derogarlo, coartando el ejercicio del derecho al voto en lugar de facilitarlo.

Elecciones tras las rejas: así votan los presos en las PASO

Por el contrario, los ciudadanos procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que estén detenidos, según lo determinan las leyes electorales.

A tal fin, la Cámara Nacional Electoral debe confeccionar un registro de electores privados de libertad, con los datos de los procesados que se hallen alojados en establecimientos penales, además de habilitar mesas de votación en cada uno de los lugares de detención y designar a sus autoridades.

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Más aún, aquellos procesados que se encuentren en un distrito electoral distinto del que les corresponda podrán votar donde se hallen alojados y sus votos se adjudicarán al distrito en el que estén empadronados.

De este modo, unas 62.000 personas privadas de su libertad estarían en condiciones de sufragar este domingo. Podrán hacer uso de un derecho y de facilidades para ejercerlo que no tendrán los ciudadanos argentinos que residen en el exterior del país y que se verá limitado en las elecciones generales de noviembre por la absurda decisión de un gobierno que, como dijimos, se jacta de su supuesta vocación por “la ampliación de derechos”, pero no deja de exhibir flagrantes contradicciones entre lo que dice y lo que hace, al extremo de recurrir a una suerte de voto calificado en función de sus mezquinos intereses.-

Artículo publicado en La Nación

Opinión

La visión borrosa del intendente Fernando Espinoza para evaluar la inseguridad en La Matanza

La insistencia en un solo indicador como la densidad de población simplifica excesivamente un problema complejo y puede desviar la atención de las verdaderas soluciones necesarias para enfrentar la inseguridad en el distrito.

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16 de mayo – 2024 – Medir el índice de inseguridad basándose únicamente en la densidad de población es insuficiente y potencialmente engañoso. Al considerar una amplia gama de factores, desde la tasa de criminalidad hasta los recursos disponibles y la percepción de los residentes, se puede obtener una evaluación más precisa y efectiva de la seguridad en un distrito.

La seguridad ciudadana es un tema complejo que requiere un enfoque integral y multifactorial. En ese contexto (donde la seguridad ciudadana no parece ser una preocupación primordial) el intendente y sus funcionarios han expresado su particular enfoque en la medición de la inseguridad en el distrito.

Diversos expertos señalan que la administración está validando los datos de manera falaz, basándose únicamente en la densidad de población y obviando otros factores cruciales.

El enfoque unilateral bajo la lupa

El intendente Fernando Espinoza, y algunos de sus funcionarios, como el ex diputado Miguel Saredi, actual secretario de «planificación del municipio», han defendido repetidamente que «la densidad de población es un indicador primordial para medir la inseguridad en el distrito», en relación al resto de los partidos de la Pcia. de Buenos Aires.

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Según sus declaraciones, una mayor densidad implica una mayor probabilidad de delitos, y este ha sido el principal argumento para justificar sus políticas de seguridad.

Sin embargo, algunos especialistas en criminología y sociología, argumentan que basarse solo en la densidad de población es simplista y puede llevar a conclusiones erróneas, por no decir sesgadas.

Factores clave que se están ignorando

1. Tasa de Criminalidad: Es fundamental considerar el número de delitos reportados por cada 1,000 habitantes, ya que proporciona una medida directa de la incidencia delictiva en la zona. Obviar este dato es dejar de lado una parte esencial del panorama.

2. Percepción de Seguridad: Las encuestas a los residentes sobre su percepción de seguridad son cruciales. La percepción de inseguridad puede afectar significativamente la calidad de vida, independientemente de la densidad de población.

3. Presencia y eficacia policial y judicial: La proporción de efectivos de policía por habitante, el tiempo de respuesta a incidentes y la tasa de resolución de crímenes son indicadores vitales de la efectividad de las fuerzas del orden y la Justicia, que no se pueden ignorar.

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4. Factores Socioeconómicos: El nivel de desempleo, pobreza y acceso a educación y servicios básicos son determinantes en la tasa de criminalidad. Ignorar estos factores puede resultar en políticas ineficaces.

5. Recursos disponibles: La disponibilidad de servicios de emergencia, centros comunitarios y programas de prevención del crimen desempeñan un papel crucial en la mitigación de la inseguridad.

6. Historial de violencia: Los registros históricos de violencia, incluyendo conflictos callejeros y violencia doméstica, proporcionan un contexto esencial sobre la evolución de la inseguridad en el área.

7. Ambiente urbano: La calidad del alumbrado público, el estado de las infraestructuras y la presencia de espacios públicos seguros también influencian significativamente la seguridad en un distrito.

Conclusión

La administración actual, encabezada por el intendente Espinoza, está siendo criticada por su enfoque limitado en la medición de la inseguridad, al basarse exclusivamente en la densidad de población y pasar por alto otros factores determinantes.

Este enfoque unilateral no solo es potencialmente engañoso, sino que también podría resultar en políticas de seguridad ineficaces. Es imperativo adoptar un enfoque integral y multifactorial que considere la complejidad de los factores que afectan la seguridad en el distrito. Solo así se podrán implementar estrategias efectivas que realmente mejoren la seguridad y la calidad de vida de los residentes.-

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@RicardoDeLuca | De la redacción de Infocom.ar

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