Investigación de Diego Cabot | LA NACION

Hace poco más de un mes, el Gobierno definió que todos los argentinos que llegan a Ezeiza deben pagar obligatoriamente $2500 por el test de antígenos, conocido como hisopado rápido, similar al que el gobierno porteño realiza en los centros de testeo.

Nada llamativo si no fuera porque detrás de esa decisión funciona una sociedad recién creada, sin antecedentes en análisis clínicos, cuyas dueñas son dos monotributistas que no se conoce si pisaron una facultad de bioquímica, al menos, como alumnas.

Una, Paola Perillo Orellana, está inscripta en la categoría más baja, con una facturación de $18.000 por mes; la otra, Laura Cáceres, puede facturar hasta $34.700 cada 30 días. Ambas figuran como dueñas de Labpax, la firma que maneja todos los hisopados requeridos para entrar al país y que genera al menos cinco millones de pesos por día. 

Pero eso no es todo, hay una carpa y una guardia de Labpax fuera de la estación para quienes se van y desean llevarse sus “negativos” listos para acreditar en el exterior. Para salir, el precio es otro: $4000 el hisopado y $6000 el PCR. 

Las previsiones de quienes conocen la demanda de ese tipo de test consideran que la recaudación seguramente está entre seis y siete millones de pesos diarios.

El emprendimiento de las dos monotributistas vio la luz de la mano de la decisión administrativa 268 –firmada el 25 de marzo de 2021–, pero la contratación corrió por cuenta de Aeropuertos Argentina 2000. 

Tanto en el Ministerio de Salud como en el de Transporte deslindaron responsabilidades, aunque aquella norma estableció que esas eran las autoridades de aplicación de la puesta en marcha del testeo obligatorio. “Nada tiene que ver el Ministerio”, señalaron en la cartera que maneja Carla Vizzotti.

Quienes trabajaban con Mario Meoni cuentan que el entonces ministro envió a fines de marzo al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) una carta para que, junto a la concesionaria, dispongan la forma de cumplir con el requisito.

Fuentes de la compañía de Eduardo Eurnekian indicaron que no estaban al tanto de que el servicio de salud, vital para controlar la pandemia, lo prestaba Labpax.

Sin embargo, AA2000 firmó un contrato de colaboración con la Fundación Educativa San Lázaro, manejada por la propia empresa, para que organice el sistema de testeos en espacios cedidos por la concesionaria. Finalmente, la fundación fue la que delegó el sistema en Labpax, representada al momento de la rúbrica por Laura Cáceres.

LA NACION llegó al domicilio de Cáceres y un hombre, que se identificó como su esposo, dijo que la mujer no estaba en el lugar y rechazó la posibilidad de conversar con este medio. Sin embargo, reconoció que sabía de qué se trataba cuando se lo consultó por el laboratorio que funciona en Ezeiza.

El intento por lograr el testimonio de alguna de las dueñas incluyó un recorrido por varias direcciones de Orellana Perillo.

Durante el trayecto por los inmuebles vinculados a esta socia, todos dijeron no conocerla, tanto en Paraguay al 2400 como en la calle Iturri al 300 de Villa Crespo, donde tiene su domicilio fiscal.

Antes, entre la noche y la madrugada de ayer, este cronista había permanecido en la estación aérea para conocer de cerca la dinámica de testeos.

Sobre las 19 de ayer, los asistentes de la firma recibieron una orden: no hablar con la prensa. El dato lo reveló uno de ellos que se disculpó…

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