Opinión | By Ricardo De Luca

01 FEB – Fiel a su estilo de imponer cambios clamorosos, el Poder Ejecutivo Nacional planea extender sus dominios a más áreas de la República, en desmedro de la estabilidad institucional.

Así se deduce por las acciones llevadas a cabo en las últimas horas y también por lo manifestado por analistas políticos y constitucionalistas destacados. La mayoría de ellos coinciden en afirmar que, con estas maniobras, el gobierno busca consolidar estos planes los cuales, a raíz de la pandemia, habían quedado aplazados pero nunca desmantelados.

Sin embargo -y a pesar de que el gobierno busque despegarse-, en este cúmulo de acciones obsesivas subyace un hilo conductor: una agenda que se asociaría de manera dogmática a los deseos furtivos del gobierno de Alberto Fernández y su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner.

En este sentido, a través de un documento extraoficial al cual infocom.ar pudo acceder y que correspondería a un supuesto “Plan de Gobierno 2019 – 2023”, encontramos que se estarían tratando de impulsar al menos una veintena de acelerados cambios, de los cuales la abolición de la Corte Suprema es sólo uno de ellos.

En su prólogo se detalla: “… Vamos a afrontar el desafío de instaurar un Nuevo Estado y el Nuevo Contrato Social”, y se reseñan temáticas tales como: “Las políticas de Inclusión Social y la desigualdad en América Latina”; “La reestructuración de deudas soberanas y el sistema financiero internacional”; “La participación y representación popular en las democracias del siglo XXI”; “Los derechos humanos y los nuevos derechos”; “La democracia y la libertad de expresión y el derecho a la información”; “El mundo “multipolar” y los nuevos conceptos de soberanía”.

Entre otros conceptos se proclama: “… implementar un plan de gobierno con medidas contundentes y urgentes que desarmen por sorpresa al enemigo y le impidan fortalecerse en la reacción. Cuando los reaccionarios derrotados se den cuenta de la voluntad y el empeño que nuestro futuro gobierno estará dispuesto poner en la escena política argentina ya habrá sido demasiado tarde. Por ello necesitamos una gran campaña de concientización y propaganda que alcance todos los niveles mediáticos y que ahogue cualquier duda o titubeo que pueda resultar en la percepción de la población” (sic).

Y citamos textual:

1°) Reforma de la Ley de Ministerios reemplazando el actual ministerio de Justicia por la oficina de Justicia Legítima de la Nación Argentina.

2°) Disolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las cortes de los estados provinciales con licenciamiento de todos los jueces en funciones.

3°) Reforma del sistema legislativo y creación de la comisión bicameral para la reforma de la constitución neoliberal. La Asamblea Constituyente finalmente sesionará se logrará derogar la actual norma y su reemplazo por una Constitución Popular Argentina.

Y continúa:

4°) El presidente de la Nación decretará el estado de excepción por un período de 100 días a partir del 10 de diciembre de 2019.

5°) Mientras dure el estado de excepción el presidente de la Nación gobernará mediante la nueva herramienta jurídica y política que será el Decreto Supremo.

6°) Cuando se haya deliberado y sancionado, la nueva Constitución Popular Argentina Deberá ser promulgada mediante un Decreto Supremo.

Al ir descifrando el texto, nos encontramos con otros puntos muy interesantes, asociados al anuncio del próximo Censo Nacional del 16 de mayo 2022.

En ese sentido, algunos observadores encuentran un interés pseudo estadístico donde en realidad se estarían ocultando intereses de otra índole, como el detectar viviendas desocupadas aptas para la expropiación y entrega a familias indigentes.

Como ejemplo de esto, transcribimos los puntos 8 al 12 donde se dice claramente:

8°) Se declarará la Emergencia Habitacional en todo el ámbito de la Nación y cada autoridad provincial y el estado nacional realizará un censo habitacional urgente.

9°) En un plazo que no excederá los 60 días corridos todas las viviendas que permanezcan desocupadas total o parcialmente (N. del E.: TOTAL O PARCIALMENTE) en cualquier parte y jurisdicción del territorio argentino serán expropiadas por el gobierno popular y entregadas a las familias más necesitadas y aquellas que sufran un estado de pobreza e indigencia intolerable.

10°) El poder ejecutivo estudiará (N. del E.: ESTUDIARÁ) una compensación pecuniaria a modo de resarcimiento por la expropiación de las unidades habitacionales.

11°) Las familias más carenciadas del Conurbano bonaerense, del Gran Rosario y de todos los asentamientos y barrios de emergencia serán trasladados en primer lugar a las mejores viviendas de gran categoría y en los mejores barrios de la ciudad.

12°) Los infames asentamientos y villas de emergencia serán eliminados completamente y en cada lugar se construirán parques para los niños con modernas instalaciones para practicar deportes y actividades culturales.

Entre otros lineamientos más notables todavía, se anuncian cambios importantes en el sistema financiero, donde se manifiesta:

13°) Los depósitos en moneda nacional y extranjera de los particulares y empresas serán confiscados y el Banco de la Nación administrará un fideicomiso transitorio. Mientras tanto y por orden del Presidente de la Nación, los organismos de fiscalización y control del poder ejecutivo se abocarán a realizar una auditoría para determinar la legitimidad y licitud de los fondos y bienes confiscados.

14°) El estado nacional y popular utilizará esos recursos para atender a las urgentes necesidades de las familias argentinas que serán reubicadas en sus nuevos hogares.

15°) Habiéndose determinado la legitimidad y licitud de la procedencia de los fondos en moneda nacional y extranjera solamente de aquellas empresas y particulares más adinerados, el gobierno popular podrá disponer la entrega de bonos del estado argentino a 10 años para compensar el aporte patriótico de las personas jurídicas y humanas en favor de las clases más necesitadas y humildes.

Para finalizar, se hace referencia al sector laboral, indicando lo siguiente:

16°) El trabajo, que es el sustento y la dignidad de nuestros queridos compatriotas, será regulado por el gobierno armonizando mediante decretos supremos las disposiciones que a tal efecto se establecerán en la reforma de la Nueva Constitución Popular Argentina.

17°) A partir del 10 de diciembre de 2019 el trabajo será declarado un bien social. Y como tal, el gobierno dispondrá que la jornada laboral de 8 horas será reducida a 4 horas. Los empleadores, bajo pena de las sanciones más duras que serán establecidas, deberán tomar los recaudos para contratar legalmente a un 50% más de personal para cubrir las 4 horas restantes de la jornada laboral. Se adecuaran de la misma forma las jornadas establecidas para otras actividades de menor duración pero siempre cumpliendo con la norma de reducir en la misma proporción y cubrir con un 50% nuevo los puestos de trabajo.

18°) Aquellas empresas que por tipo de actividad económica deben emplear las 24 horas en turnos laborales, podrán optar por razones operativas que los turnos sean divididos en 4 períodos de 6 horas intercalando un turno vacante con el nuevo personal contratado respetando el cupo del 50%.

19°) A fin de proteger los objetivos políticos que el gobierno popular habrá de llevar adelante en sus primeros 100 días de mandato, será creada la Agencia de Difusión Social y Control de Medios. Tendrá como tarea fundamental adecuar el funcionamiento de todos los medios audiovisuales y gráficos para evitar entorpecer la tarea del gobierno.

20°) Será establecido el mecanismo de consulta a la ciudadanía mediante el instituto jurídico del referéndum o plebiscito popular. Éste tendrá jerarquía constitucional ya que estará incluido en la nueva Ley Fundamental. A través de este mecanismo también será permitida la reelección indefinida del titular del Poder Ejecutivo Nacional y los Gobernadores de los estados provinciales.

Firmado: Presidenta Honoraria del Instituto Patria: Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER; Presidente: Oscar Isidro José PARRILLI; Vicepresidente: Jorge Horacio FERRARESI; Colaboradores Especiales: Dr. Juan Grabois – Prof. Juan Carlos Monedero”.

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Como conclusión, observamos que (de ser cierto el documento y los eventos recientes indicarían que sí) estaríamos frente a un conjunto de reformas que se pretenden imponer (nada se habla de acuerdos legislativos), y que apuntan directamente al corazón mismo de la República, en coordinación con una descalificación caprichosa de sus instituciones y a un trabajo de demolición minucioso de sus bases, para forzar a ésta a sucumbir.

Este atentado contra la división de poderes, contra la Justicia independiente y la República no se puede mirar de soslayo. De los ciudadanos, de las fuerzas sociales, privadas e institucionales, dependerá el tomar consciencia para que estas acciones de alcances incalculables, no prosperen.-

Infocom.ar