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TUCUMÁN 25 ABR – Las autoridades detectaron que los imputados se enviaban mensajes por WhatsApp donde hablaban de los ataques.

En un hecho que causó mucha preocupación, la Justicia Federal de Tucumán ordenó detener a dos hombres por haber planificado y anunciado atentados contra la colectividad judía de esa provincia.

Los arrestos autorizados por el Juzgado Federal N° 2 del distrito del norte argentino se concretaron durante la mañana de este sábado en viviendas ubicadas en la capital tucumana y en la localidad de El Manantial, en esa misma provincia, por pedido de la Fiscalía Federal N° 2 local que se encuentra a cargo de Pablo Camuña.

La investigación del caso se inició el año pasado por una denuncia realizada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero que luego fue enviada a Tucumán.

Según detallaron las fuentes consultadas del Ministerio Público Fiscal, con el avance de las averiguaciones se pudo comprobar que ambos imputados utilizaban los servicios de mensajería instantánea WhatsApp Telegram para planear una serie de agresiones y amedrentamientos contra personas e instituciones de la colectividad judía en la provincia de Tucumán.

Si bien las pesquisas se venían llevando a cabo desde hacía un tiempo, durante esta semana hubo una situación que alertó a las autoridades: se detectaron nuevos mensajes en los cuales los acusados hablaban sobre un inminente ataque en Tucumán durante el Shabat.

Este último es el ritual de descanso semanal de los creyentes del judaísmo, y se extiende desde el atardecer del viernes hasta la aparición de tres estrellas en la noche del sábado.

“Frente a esta posibilidad concreta, la fiscalía solicitó los allanamientos y las detenciones de los dos involucrados”, agregaron desde el MPF.

Por este motivo un grupo de agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal allanó los domicilios de los hasta entonces sospechosos, bajo la supervisión del fiscal Camuña.

Durante los operativos los efectivos policiales encontraron un vasto arsenal en poder de los dos hombres: una decena de armas de fuego cortas y largas, municiones, numerosas armas blancas y punzantes de todo tamaño y de diseños inusuales, algunas de las cuales ya habían sido identificadas por fotos publicadas en las redes sociales.

En ambos lugares también se incautaron elementos de radiocomunicación, literatura nazi y objetos con identificaciones de grupos de odio. Esto además de haber hallado diversos dispositivos digitales como por ejemplo teléfonos celulares, computadoras y memorias de almacenamiento que serán sometidas a pericias.

La palabra de la DAIA

Tras las detenciones el presidente del Consejo Federal de la DAIA, Fabián Neiman, se refirió al preocupante caso y dijo: “Se trata de personas armadas, ideológicamente radicalizadas, de una extrema derecha”.

En diálogo con el diario El Tucumano, señaló que la denuncia se había realizado hace un año y medio y a través del equipo jurídico de DAIA central se hizo “un excelente trabajo. La comunidad judía nunca estuvo en peligro, y con estas dos personas presas está mucho más segura todavía que antes”.

En este sentido, el dirigente agregó: “Estamos tranquilos y realizamos un llamado a la tranquilidad a la comunidad judía de Tucumán. Es momento de estar en paz y de mantenernos más unidos que nunca”. Sin embargo, según medios locales desde el viernes las autoridades de seguridad provinciales decidieron reforzar la seguridad policial en los templos judíos del distrito.-

Fte: TN

Judiciales

SENTENCIARON A SIETE POLICIAS SECUESTRADORES DE LA MATANZA

La red policial corrupta operaba en La Matanza. Entre los condenados se encuentran un subcomisario y un teniente.

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29 de marzo – 2024 – El Tribunal Federal N°2 de San Martín ha emitido sentencias para siete individuos implicados en una red policial corrupta que operaba en La Matanza en octubre de 2020. Entre los condenados se encuentran el subcomisario Héctor García y el teniente Daniel Inverardi.

Este caso representa uno de los episodios más notorios de corrupción policial de los últimos años. Tras dos años y medio de investigaciones, el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín anunció las penas para la banda de policías que perpetraron secuestros con el objetivo de extorsionar a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

Las condenas impuestas fueron severas. Los siete acusados, incluido un civil colaborador, recibieron sentencias ejemplares. El subcomisario Héctor Ricardo García, actualmente cumpliendo pena en el penal de Marcos Paz, fue condenado a quince años de prisión por su participación en tres casos, que incluyen dos secuestros extorsivos, robo y falsificación ideológica.

Daniel Alfredo Inverardi, quien ostentaba el rango de teniente y fue capturado en 2021, también fue sentenciado a 14 años y ocho meses por cargos similares. Alan José Vallejos, oficial subayudante, recibió una condena de 12 años y 6 meses.

El civil Ramón Eduardo Medina, conocido como «El Tati» o «Pelado», señalado como el entregador de las víctimas, fue sentenciado a doce años de prisión, sumando esta condena a una previa que había sido condicional y que fue revocada. Además de las penas de prisión, todos los condenados recibieron una inhabilitación para ejercer cargos en una fuerza de seguridad durante diez años.

El fallo, emitido por los magistrados Venditti, Gutiérrez y Machado Pelloni, va más allá al solicitar la extracción de testimonios para iniciar al menos cuatro nuevas causas por delitos de acción pública, basándose en pruebas y testimonios presentados durante el proceso, o para agregar a causas existentes.

La mecánica delictiva investigada en este caso reveló un modus operandi despiadado. Las víctimas, en total ocho, fueron engañadas, agredidas y extorsionadas, siendo mantenidas cautivas en un destacamento policial de Ciudad Evita hasta que se pagara el rescate exigido.

Los dos secuestros extorsivos ejecutados por la banda ocurrieron con poca diferencia temporal y presentaron similitudes en su ejecución.

El primero tuvo lugar el 28 de septiembre de 2020 por la noche, cuando cuatro jóvenes fueron abordados por individuos vestidos de policía, quienes los sometieron y los llevaron a una comisaría cercana. Allí fueron amenazados y golpeados hasta que lograron reunir el rescate exigido.

Este veredicto marca el fin de una red criminal que operaba bajo la protección del uniforme policial, enviando un claro mensaje de que la corrupción no será tolerada en las fuerzas de seguridad.

Los jóvenes afectados presentaron sus denuncias en la Comisaría 8A de la Policía de la Ciudad, lo que inició una investigación que inicialmente estuvo bajo la jurisdicción de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de la fiscal Paloma Ochoa. Sin embargo, posteriormente, la competencia sobre el caso fue trasladada a la Justicia Federal de Morón, que asignó la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos para llevar adelante la pesquisa.

El allanamiento para detener a Inverardi.

El segundo caso se produjo menos de un mes después, en la madrugada del 14 de octubre de 2020, y siguió un patrón similar al primero.

Cuatro jóvenes de Barracas fueron convocados para lo que pensaban que sería un trabajo lucrativo. Sin embargo, al llegar al lugar acordado en Ciudad Evita, fueron interceptados por individuos armados que se identificaron como policías. Tras ser detenidos y llevados a una comisaría, los jóvenes fueron extorsionados con la amenaza de ser incriminados si no pagaban una suma de dinero en dólares.

A pesar de los esfuerzos de los secuestradores, el pago del rescate no se concretó y las víctimas fueron liberadas, aunque despojadas de sus pertenencias y obligadas a firmar documentos que no pudieron leer.

El manejo negligente del caso quedó en evidencia cuando se descubrió que el patrullero utilizado pertenecía al Departamento de Apoyo La Matanza y era operado por el Destacamento José Ingenieros.

Como resultado de una investigación minuciosa, se ordenó la detención de los policías y el civil sospechados de planificar los secuestros, todos ellos pertenecientes a la misma dependencia policial.

Este veredicto, además de representar un golpe contundente contra la corrupción policial, destaca la importancia de una justicia implacable en la lucha contra el crimen organizado.

La condena de los líderes de esta banda envía un mensaje claro de que la ley prevalecerá sobre aquellos que buscan aprovecharse de su posición para cometer actos criminales.-

Infocom La Matanza

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