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La letra del Decreto de Necesidad y Urgencia

El Gobierno lanzó restricciones hasta el 11 de junio. Los primeros días habrá fuertes restricciones.

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21 MAY – 22:30 El Gobierno nacional publicó esta noche en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 334/21) que oficializa el confinamiento total de 9 días desde la medianoche para intentar bajar la curva ascendente de casos de coronavirus.

Las nuevas restricciones regirán entre el próximo 22 de mayo y el 11 de junio, aplicándose un cierre total los primeros 9 días, entre el 22 de mayo y el 30 de mayo, y los días 5 y 6 de junio (sábado y domingo).

Qué dice el decreto para las zonas de alto riesgo y alerta epidemiológica

  • Quedan prohibidas de manera presencial las actividades no esenciales, ya sea económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. En todos los casos que sea posible se deberán realizar las tareas bajo la modalidad de teletrabajo.
  • Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios.
  • Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.
  • No se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales.
  • No se podrá circular afuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.
  • Estará prohibida la circulación de los no esenciales entre las 18 y las 6hs del día siguiente.
  • La gastronomía solo podrá operar mediante delivery y take away.
  • El transporte público estará habilitado para las personas expresamente autorizadas para el desempeño de las actividades esenciales, los casos especiales, atención de salud y vacunación.
  • Todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” que las habilite a circular. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.
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Qué actividades están habilitadas para circular y usar transporte público

  • Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
  • Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.
  • Miembros del Poder Legislativo y las dotaciones de personal que dispongan sus autoridades respectivas. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las dotaciones de personal del Poder Judicial de la Nación que dispongan las autoridades correspondientes.
  • Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.
  • Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.
  • Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
  • Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.
  • Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
  • Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.
  • Personal afectado a la obra pública y a tareas de seguridad en demoliciones.
  • Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
  • Actividades vinculadas a la cadena de valor e insumos de la industria de la alimentación; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20.
  • Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y pesca.
  • Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil; servicios digitales y las actividades de mantenimiento de servidores.
  • Actividades vinculadas con el comercio exterior.
  • Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
  • Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
  • Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
  • Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.
  • Servicios de lavandería.
  • Servicios postales y de distribución de paquetería.
  • Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
  • Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.
  • Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central autorice. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.
  • Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la actividad de una dotación mínima de personal y la de sus regulados en caso de resultar necesario.
  • Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos con dotaciones mínimas.
  • Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.
  • Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad.
  • Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Guardias médicas y odontológicas. Atención médica y odontológica programada con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.
  • Traslado de niños, niñas y adolescentes para vinculación familiar, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.
  • Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES- en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1. Personal de aduanas.
  • Personas que deban concurrir a vacunarse con su acompañante, si fuere necesario.
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Excepciones a la circulación, sin uso de trasporte público

  • Industrias que se realicen bajo procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias.
  • Retiro de alimentos en locales gastronómicos de cercanía.
  • Producción y distribución de biocombustibles.
  • Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear, en los términos de la DA 450/20
  • Servicios esenciales de sanitización, mantenimiento, fumigaciones y manejo integrado de plagas.
  • Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Actividades vinculadas a la protección ambiental minera.
  • Talleres para mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y FFAA, vehículos afectados a las prestaciones de salud y al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Talleres para mantenimiento y reparación de bicicletas. Ventas de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.
  • Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.
  • Personas que deban trasladarse para realizar viajes al exterior.
  • Industrias que realicen producción para la exportación.
  • Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio o retiro. En ningún caso podrán abrir sus puertas al público. Todo ello conforme la DA 524/2020.
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Investigación

Espinoza más complicado: podría reabrirse una causa por presunta asociación ilícita y corrupción

La denuncia de Elisa Carrió contra el intendente de La Matanza por presunta asociación ilícita y corrupción podría reabrirse en medio de su actual proceso por abuso sexual.

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26 de mayo – 2024 – Mientras Fernando Espinoza enfrenta un proceso judicial por abuso sexual simple y violación de una orden perimetral, otra amenaza legal se cierne sobre su figura: una denuncia del 2017 impulsada por Elisa Carrió podría reabrirse.

Esta denuncia, que en su momento pasó desapercibida, lo acusaba de «posible asociación ilícita, usurpación de autoridad, violación de deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito«.

En 2017, durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri a nivel nacional, Elisa Carrió y su equipo de la Coalición Cívica presentaron una denuncia basada en escuchas legales y testimonios que implicaban a Espinoza en un sistema de recaudación ilegal.

La Matanza, uno de los municipios más grandes y populosos del Gran Buenos Aires, ha sido gobernada por Espinoza y su círculo cercano durante años. La exposición de estas acusaciones podría cambiar drásticamente el panorama político local y cuestionar la integridad de su administración.

Según la denuncia, funcionarios municipales de La Matanza utilizaban sus cargos para obtener dinero ilícitamente, reportando directamente a Espinoza. La denuncia involucraba también a Carlos Orsingher, secretario de Protección Ciudadana, y a altos mandos policiales como el comisario Daniel Barraza y el jefe departamental Enrique Sobrero.

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Escuchas Legales y Testigos Claves

Carrió y su equipo contaban con grabaciones y un testigo dentro de la organización criminal. La denuncia describía un sistema donde la corrupción y el crimen organizado estaban estrechamente ligados, similar a escenas de la película «Tropa de Elite«, que retrata la corrupción en la policía brasileña.

La denuncia describía un sistema donde la corrupción y el crimen organizado estaban estrechamente ligados, similar a escenas de la película «Tropa de Elite», que retrata la corrupción en la policía brasileña.

El testigo clave, que se presentó bajo identidad reservada, afirmó que Salazar manejaba la asignación de horas adicionales en la policía de La Matanza. Además, un secuestro extorsivo en 2016, realizado con un móvil oficial, reveló vínculos directos entre la policía local y actividades criminales.

Mario Mauricio Puñales, detenido por este caso, testificó que tenía acceso libre a la Municipalidad y que los policías investigados armaban «grupos de tareas» para reprimir a opositores, denunciantes y grupos de vecinos que denunciaban falta de seguridad.

Si la denuncia se reabre y las pruebas son contundentes, Espinoza podría enfrentar serias consecuencias legales y políticas.

La Denuncia Ignorada y el Respaldo Político

Una de las abogadas de Carrió recuerda la intensa presión y las amenazas recibidas durante la investigación. “Nunca antes tuvimos tantas amenazas, la causa quemaba”, señaló, destacando la falta de apoyo político para que la denuncia avanzara.

Elisa Carrió, conocida por su papel en la lucha contra la corrupción, ha mantenido su postura crítica frente a Espinoza. “Siempre he creído en la justicia y en que la verdad saldrá a la luz”, afirmó recientemente.

Carrió también exigía investigar el patrimonio de Espinoza, destacando su rápida acumulación de riqueza. Antes de ingresar a la política, Espinoza era remisero y vendió su agencia de remises a comienzos del 2000. Sin embargo, la denuncia mencionaba 56 cajas de ahorro en diferentes bancos, sugiriendo un notable enriquecimiento.

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El proceso actual por abuso sexual contra Espinoza podría catalizar la reapertura de esta antigua denuncia, trayendo nuevamente a la palestra sus presuntos vínculos con la “maldita policía bonaerense” y el crimen organizado.

Los policías investigados armaban «grupos de tareas» para reprimir a opositores, denunciantes y grupos de vecinos que denunciaban falta de seguridad.

La justicia de Morón, que originalmente investigó el caso, podría reexaminar las pruebas y testimonios para determinar si Espinoza debe enfrentar estas graves acusaciones.-

Información basada en una investigación del periodista Luis Gasulla. (https://www.perfil.com/noticias/opinion/fernando-espinoza-y-la-causa-judicial-que-impulso-carrio-que-podria-reabrirse.phtml)

Infocom La Matanza

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